
La relación entre la administración nacional y el sector productivo atraviesa su momento de mayor tirantez tras la escalada de tensión provocada por el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. En el marco de una política de apertura económica irrestricta, los industriales advierten sobre los efectos devastadores que esta medida, sumada a la estigmatización gubernamental, tendrá sobre la producción nacional. Mientras el Ejecutivo busca desmantelar lo que denomina un modelo de privilegios, las pequeñas y medianas empresas denuncian que se está ignorando la asimetría estructural de la economía argentina, lo que pone en riesgo el sustento del 70% del empleo privado formal del país.
Durante la apertura de sesiones, el Presidente fue tajante al describir el modelo económico de las últimas décadas como la “trampa del fetiche industrialista”, un esquema que, según su visión, solo sirvió para enriquecer a un círculo cerrado de “empresarios prebendarios” y políticos corruptos. El mandatario denunció una alianza corrupta donde se defendía el proteccionismo como un “mecanismo de robo sistemático”, comparando a los industriales con “cazadores del zoológico” que se benefician de precios distorsionados en rubros como el acero y la indumentaria a costa de los ciudadanos.
Ante este escenario, Industriales Pymes Argentinos (IPA) emitió un duro comunicado en representación del entramado productivo nacional. En respuesta directa a los señalamientos del Ejecutivo, la entidad manifestó: “Como empresarios industriales PyME queremos ser claros: nosotros no somos privilegiados ni prebendarios. Somos quienes invertimos, producimos y generamos empleo todos los días en un país que históricamente fue inestable”. La organización, a través de su titular Daniel Rosato (foto inferior), expresó su alarma ante la narrativa oficial, señalando que “nos preocupa profundamente que se instale la idea de que la industria nacional es sinónimo de corrupción o privilegio. Eso no solo es injusto, sino peligroso para miles de pequeñas y medianas empresas que no viven de subsidios, sino del trabajo, el crédito caro y la presión impositiva más alta de la región”.

Respecto a la política de apertura comercial, desde IPA advirtieron que, si bien puede ser positiva si es gradual, su implementación actual bajo una lógica de shock es sumamente riesgosa. Al respecto, el documento sostiene que “cuando se plantea como un shock, sin compensar la asimetría fiscal, laboral y financiera que tiene la Argentina frente al mundo, lo que ocurre no es competencia: es desplazamiento productivo”. En este sentido, la entidad aclaró que “la industria PyME no le teme a competir. Le teme a competir en desigualdad”, enfatizando que bajar aranceles manteniendo altos costos logísticos y una infraestructura deficiente solo genera el cierre de establecimientos fabriles.
Finalmente, el sector industrial reclamó reglas claras y una transición ordenada que no los deje fuera de los incentivos que se otorgan a las grandes inversiones. El comunicado concluye con una firme defensa de su rol en la sociedad argentina y un rechazo a la estigmatización: “Porque cuando una PyME cierra, no se pierde solo una empresa: se pierde comunidad, proveedores, empleo y arraigo local. Queremos ser parte del futuro productivo. Pero no podemos aceptar que se nos coloque como enemigos del progreso”.